Sede de la CCIAP. Foto: cortesía.
Lunes, 31 de enero de 2022. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) cuenta dentro de su membresía con importantes empresas, medianas y grandes del sector agropecuario y agroindustrial; así como, ha reconocido este último sector como uno los motores económicos a impulsar en el marco de la reactivación y el crecimiento económico sostenible del país.
En este sentido, el gremio ha asumido una estrategia de acercamiento y fortalecimiento de los sectores productivos nacionales a través de reuniones periódicas con las diferentes cámaras de comercio del país; así como, con gremios de productores en Chiriquí, Veraguas, Coclé y Azuero, por mencionar algunos. “En estos encuentros hemos buscado unificar criterios, entender necesidades y establecer una hoja de ruta de trabajo conjunto que fortalezca el sector primario panameño y promueva la unidad de los sectores productivos,” indicó Jose Ramón Icaza, Presidente de la CCIAP.
Asimismo, se han trabajado diferentes iniciativas, como, por ejemplo, la de la Autoridad Panameña de Alimentación (APA) donde buscamos aportar ideas que garantizaran el equilibrio en todos los eslabones de la cadena alimentaria, facilitaran las actividades del sector primario (productores), la industria de alimentos y el comercio; así como, que redundará en beneficio de los consumidores. En este momento, la CCIAP se encuentra dándole seguimiento a la integración de procesos y sistemas de esta ley, con el objetivo de lograr un funcionamiento eficiente y efectivo de tan importante herramienta.
En este marco, “nos sorprende de sobremanera el comunicado realizado por la Coordinadora Unidos por el Agro ante declaraciones que no son nuestras ni reflejan la postura del gremio y el cual calificamos de injusto e impreciso dada nuestras acciones que demuestran totalmente lo contrario,” puntualizó Icaza.
El compromiso de la CCIAP es seguir trabajando por el fortalecimiento de los sectores productivos del país, procurando el balance entre los diferentes actores con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía y el desarrollo socioeconómico sostenible de las familias panameñas y el país en general.++++
SE AGOTA LA PACIENCIA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA INDOLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Panamá y sus ciudadanos han vivido dos años durante los cuales sus ingresos se han visto afectados producto de la COVID-19 y las restricciones impuestas para frenarla.
Al mismo tiempo, han sido testigos del despilfarro de fondos por parte de un gobierno que no solo evitó hacer lo que solidariamente le correspondía, que era reducir salarios altos, sino que continúa aumentando la ya exorbitante planilla. La última bofetada en ese sentido la han dado los Gobiernos Locales, que, como parte de una estrategia absolutamente proselitista, utilizan fondos destinados a obras comunitarias, para pago de gastos administrativos.
La distribución de presupuestos con criterios políticos es inmoral, más aún tomando en cuenta que hay sectores productivos realizando ingentes esfuerzos para mantener los empleos y reactivar la economía.
La Contraloría General de la República tiene que cumplir en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a todos los fondos estatales, no hacerlo oportuna e imparcialmente, la hace cómplice de estos despilfarros.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar.
En cuanto a la ciudadanía, es importante mantener una actitud vigilante. En ese sentido, este gremio ha decidido asignar personal especializado para que dé seguimiento a la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales; así como al uso de los fondos.
Los tiempos y nuestra realidad financiera -una deuda equivalente al 65% del PIB- exigen racionalizar los gastos estatales favoreciendo inversiones que mejoren nuestras perspectivas de futuro en lugar de comprometerlas.
Mas allá del aspecto financiero, el mal manejo de fondos públicos pervierte el tejido social y profundiza la falta de credibilidad en las instituciones, factores que a la postre podrían pasar facturas que ni el dinero podrá pagar.