Porque a la declaración institucional que el presidente valenciano protagonizó a última hora de la tarde de ayer siguió la contestación del Gobierno con sus propias condiciones. Si Mazón pidió la creación de «cinco grupos de respuesta inmediata» con la incorporación de siete ministros, desde el Gobierno se trasladó la aceptación de los «grupos de trabajo» pero con la participación de quien considere el Ejecutivo central. Es decir, no necesariamente de los ministros, a pesar de que desde la Generalitat se confirmó luego que el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ya había tenido un primer contacto con la ministra del ramo, Mónica García.
Lo cierto es que fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez admitieron que Presidencia de la Generalitat no les comunicó previamente en qué iban a consistir las demandas de Mazón. Y eso que, según ha podido saber este diario, el propio Mazón estuvo reunido durante la mañana de ayer con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. De hecho, al ministro, que compareció minutos después de Mazón, pilló por sorpresa la lista de peticiones del dirigente valenciano. Marlaska, que además se había incorporado el viernes al órgano de gestión de las Emergencias de la Generalitat, fue el que directamente descartó la intervención del JEMAD.
La desconfianza mutua se ha instalado en ambos ejecutivos, que se lanzan reproches en privado mientras en público tratan de guardar las formas apelando a la cooperación institucional. «Estamos pasando por el peor momento de nuestra historia», reconoció Mazón, con una catástrofe de «una magnitud que nadie podía imaginar». «Espero que el Gobierno esté a la altura», subrayó. Las exigencias de la Generalitat al Gobierno central son muchas y de todo tipo. Mazón sigue sin pedir el nivel 3 de alerta que dejaría en manos del Gobierno la gestión de la crisis, pero traslada la pelota a su tejado exigiendo un plan de evaluación de riesgos epidemiológicos, un plan integral urgente de reconstrucción de la red de transportes e infraestructuras, la movilización de todo el parque público de vivienda estatal para realojos, la habilitación de los instrumentos legales para activar los Ertes, ayudas a empresas y autónomos y prácticamente recursos económicos ilimitados.
En el Gobierno las palabras se miden. Los pasos se calculan. Es palpable el malestar en el seno del Ejecutivo con la gestión y la manera de proceder de Mazón -un enfado que subió de intensidad con la petición de Mazón de incorporar ministros-, pero públicamente la consigna es trasladar «colaboración», «cooperación», «trabajo juntos, unidos», aunque en ocasiones las grietas no se disimulan. Al mismo tiempo que Pedro Sánchez lanza el mensaje de que «tenemos un solo enemigo a batir, que es la destrucción causada por esta catástrofe, y tenemos que hacerlo juntos», ya anticipa que la bandera blanca es momentánea, que el choque de momento permanece en la trastienda saltará a escena. «Ya habrá tiempo de analizar negligencias. Ya habrá tiempo de mirar hacia atrás, de depurar responsabilidades».
De momento, la estrategia de La Moncloa pasa por colarse detrás del presidente de la Comunidad Valenciana. Se prometen todos los recursos humanos y materiales que precise esta región, pero se descarta decidir de manera unilateral subir al nivel 3 la alerta, a emergencia nacional y asumir el mando único, en la figura de Interior, de la gestión. Y ello pese a que se asumen que hay «problemas y carencias severas». Se concede el foco y desgaste de la gestión a Mazón. «Si necesita más recursos, que los pida».
Basan su posición también en que son los trabajadores y funcionarios de la Generalitat valenciana los que mejor conocen el terreno. Y son los que deben guiar qué hacer y cómo hacerlo. Porque un cambio ahora supondría una resituación de la gestión y un choque con la Generalitat que dificultaría todo aún más. Y son los que deben guiar qué hacer y cómo hacerlo. «Las autoridades valencianas conocen el terreno que nadie. Los técnicos, bomberos o servidores públicos viven allí y saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos, que los pidan a la Administración. Esta combinación de capilaridad y cercanía de las administraciones locales con el poder del Ejecutivo central que ha permitido superar otros desastres y crisis anteriores, tiene que hacerlo de nuevo», ha resumido Sánchez.