Se establece en hasta B/.10,000,000.00 la suma total autorizada para las contrataciones especiales para atender la situación de emergencia que enfrentan las provincias de Herrera y Los Santos. Foto: presidencia.
Miércoles, 11 de junio de 2025 El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N. 000, por la cual se declara estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos, ante la crisis hídrica por la contaminación del río La Villa y sus afluentes, que obligó a suspender la operación de las plantas potabilizadoras debido a los elevados niveles de turbiedad y de materia orgánica en el agua del río.
Con ello se establece en hasta B/.10,000,000.00 la suma total autorizada para las contrataciones especiales a los ministerios y entidades públicas, para la ejecución de obras y adquisición de los bienes y servicios necesarios y a precios de mercado debidamente justificados, para atender la situación de emergencia que enfrentan las provincias de Herrera y Los Santos.
El periodo dentro del cual se podrá realizar las contrataciones especiales a las que se refiere este artículo vence el 31 de diciembre de 2025.
Corresponderá a los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas coordinar todas las acciones necesarias para la ejecución de esta autorización, y a los ministerios o entidades solicitantes, el cumplimiento del objeto y disposiciones legales de la contratación especial.
Esta Resolución de Gabinete podrá ser modificada por el Consejo de Gabinete, ya sea para aumentar o disminuir la suma autorizada para realizar las contrataciones especiales, así como para ampliar o reducir el período dentro del cual tales contrataciones podrán realizarse.
También se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 34 de 2008 y sus modificaciones, y solo en caso de ser requerido, solicite la dispensa ante la Asamblea Nacional, para la suspensión temporal de los límites financieros de que trata el artículo 11 de la Ley 34 de 2008.
Además, se ordena que todos los ministerios y entidades que realicen adquisiciones de bienes y servicios bajo el amparo de esta Resolución de Gabinete, entreguen un informe escrito con el detalle de los bienes y servicios adquiridos.
-También se extiende compensación para clientes de EDECHI hasta diciembre de 2025-
Autorizan incremento de aportes del Estado para evitar un aumento de la tarifa eléctrica
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 67-25, que adiciona el numeral 22 al artículo 1 de la Resolución de Gabinete N° 60 de 23 de junio de 2015 y sus modificaciones, mediante la cual se autoriza a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a implementar el esquema que será adoptado de manera temporal por el Estado, en concepto de aportes adicionales al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), así como las tarifas de energía eléctrica que se aplicarán a los clientes finales para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2025.
Tras una revisión realizada por la ASEP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se determinó la necesidad de adecuar el esquema aprobado mediante la Resolución de Gabinete N° 60 de 23 de junio de 2015 y sus modificaciones, a fin de mitigar el impacto económico producido por las circunstancias exógenas al mercado y considerando la actualización semestral regular de las tarifas, y que así los clientes finales regulados del servicio de electricidad no se vean afectados por un cambio drástico en el alza de sus facturas durante los meses de julio a diciembre de 2025.
Con ello, la ASEP deberá implementar el esquema que será adoptado de manera temporal, en calidad de aportes adicionales del Estado a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), así como de las Tarifas de Energía Eléctrica que se aplicarán a los clientes finales.
Los aportes adicionales del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria, para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2025, ascienden aproximadamente a B/.170,000,000.00.
Hoy también el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 68-25, por la cual se extiende la vigencia del esquema adoptado por el Estado mediante la Resolución de Gabinete N° 60 de 23 de junio de 2015 y sus modificaciones, en concepto de los Aportes del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), hasta el 31 de diciembre de 2025.
Esto es con el objetivo de estabilizar los precios de la energía a los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica, S.A. (EDECHI) mediante la transferencia de fondos a fin de que sean traspasados en su totalidad a los clientes finales.
Este beneficio se determinó desde 2015 para los clientes del área de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas. Se estableció que mientras se hagan las adecuaciones necesarias para mejorar la calidad del suministro de electricidad, se les mantendrá las tarifas que actualmente pagan los clientes de EDECHI en estas áreas, y la diferencia con la tarifa a costo real aprobada correspondiente será asumida por el Estado.
“Tomando en cuenta la proximidad del vencimiento de la medida, se ha considerado que es necesario prolongar la misma para que los clientes finales de EDECHI a los que se les aplica este beneficio continúen recibiéndolo en su factura mensual de electricidad, hasta el 31 de diciembre de 2025”, sostiene la Resolución aprobada hoy por el Consejo de Gabinete.
El pasado 29 de mayo, el Consejo Económico Nacional emitió opinión favorable a la extensión de estos beneficios.
Gobierno de Panamá impulsa acciones para estabilizar el marco fiscal y proteger la sostenibilidad financiera del país.
Como parte de una reestructuración del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció este martes, en conferencia de prensa, que el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 57-25 que establece un conjunto de medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto público.
La decisión, sustentada en las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley del Presupuesto General del Estado, responde a un escenario fiscal donde los ingresos disponibles son inferiores al total de los gastos autorizados.
Según explicó el ministro Chapman, se adoptará un plan de ajuste que contempla una reducción de hasta B/.1,900 millones, distribuidos entre gastos de funcionamiento e inversión. Del total, B/.426.5 millones corresponden a funcionamiento y B/.1,473.5 millones a inversión.
“El objetivo es garantizar una política fiscal prudente y sostenible, respetando el límite máximo de déficit fiscal permitido para este año, que es del 4% del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero”, puntualizó Chapman.
La mayor parte del recorte afecta al Gobierno Central, con una disminución de B/.1,536 millones, seguida de las instituciones descentralizadas (B/.298.8 millones), los intermediarios financieros (B/.36.5 millones) y las empresas públicas (B/.28.7 millones).
Las medidas serán implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con las entidades públicas correspondientes, quienes deberán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. La resolución del Gabinete será enviada a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República y a otras instancias competentes.
Chapman reiteró que la contención del gasto es una medida necesaria para preservar la estabilidad fiscal del país ante una disminución proyectada en los ingresos del Estado, subrayando que el Gobierno mantiene el compromiso de ejecutar políticas responsables que aseguren el desarrollo económico y el cumplimiento de las metas sociales.
Los ajustes salariales automáticos han crecido a un ritmo superior al de los ingresos públicos, al gasto general del gobierno y a la inflación. En el último año, han representado un costo fiscal de US$324 millones, además que otros gastos rígidos ascendieron a US$1,282 millones.
En los últimos cinco años, el impacto acumulado de los aumentos salariales automáticos ha alcanzado los US$1,381 millones. De mantenerse esta tendencia, sin una revisión normativa que limite los incrementos automáticos, se proyecta que el costo acumulado de estas disposiciones podría superar los US$10,000 millones hacia el año 2030, comprometiendo gravemente la sostenibilidad fiscal del país.
Al buscar una solución al desbalance fiscal, se ha priorizado no afectar a sectores de ingresos medios y bajos del país, atendidos con subsidios primordialmente al hogar, como la tarifa al consumo eléctrico, gas de cocinar, programa 120 a los 65, red de oportunidades, becas, subsidio al transporte, interés preferencial para adquisición de viviendas para la familia panameña, entre otros.
