El día jueves 27, en horas de la mañana una delegación del Frente Pro Constituyente Originaria, presentó una ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se declare inconstitucional la Resolución N°11 del Consejo de Gabinete, del 13 de marzo de 2020, que declara el ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, que no aparece consagrado en nuestra Carta Magna, y dicta otras disposiciones, ya que dicha Resolución, viola derechos reconocidos en la Constitución y en Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Esta acción se dio en el marco de una actividad de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, que contó con la participación de diversas organizaciones populares, que también claman justicia.
La acción responde al descontento popular y constantes quejas de ciudadanos, víctimas de violaciones de los derechos del pueblo panameño, perpetradas por los actuales gobernantes, so pretexto de combatir el COVID19.
Llama la atención de que en lugar de utilizar las normas de salud, consagradas en la constitución y leyes vigentes, la Resolución en cuestión se fundamenta en una norma que regula la contratación pública y flexibiliza la adquisición de bienes, servicios y otras, a través de un procedimiento especial.
Bajo el periodo de cuarentena, la sociedad panameña se ha visto indefensa para proteger sus derechos, por la suspensión de los servicios de la justicia panameña, incluyendo limitaciones para el ejercicio de la abogacía, en un ambiente de constantes escándalos de corrupción, encabezados por altos personeros del gobierno.
Es notorio, el mal manejo de la pandemia por los gobernantes, ya que los resultados son lamentables. En ese periodo, el Estado se ha endeudado de manera significativa, sin embargo, la población no ha recibido la atención adecuada, para enfrentar en las mejores condiciones, al COVID 19.
La pobreza y la desnutrición aumentan cada día y la población no cuenta con los insumos necesarios, para cumplir con las medidas sanitarias.
Para evitar que se continúe haciéndole daño a la sociedad panameña, se solicita la suspensión de la Resolución N°11 del Consejo de Gabinete, del 13 de marzo y su modificación, como MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA.
El Frente Pro Constituyente Originaria, solicita a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, actuar lo más pronto posible en estricto derecho y le haga justicia al pueblo panameño, declarando inconstitucional toda norma que vaya en contra de la Constitución y viole los derechos del pueblo panameño.
Para salir de la crisis, al pueblo sólo le queda resistir y continuar la lucha contra las medidas neoliberales del gobierno de turno, exigir mejores condiciones y más recursos para los trabajadores de la salud, así como el apoyo económico para los sectores más humildes, que les permita afrontar el COVID19, aplicando las medidas sanitarias adecuadas.
El desgaste del régimen de turno, igual que sus instituciones y los partidos tradicionales, nos demuestran la urgente necesidad de refundar el país, mediante una Asamblea Constituyente Originaria, proveniente de las entrañas del pueblo, para construir un país para todos y todas, para lo cual, la unidad del movimiento popular, es fundamental.
Prof. Raúl González R.
Céd. 9-85-755
Miembro de la Coordinadora