Martes Panamá, 21 de septiembre de 2021. La directora del Sistema Penitenciario (DGSP), Cinthia Novoa, y el director de la Oficina Nacional para la Protección de Refugiados (Onpar), Hussein Pitty, presentaron ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar las visitas a los privados de libertad en el contexto Covid-19, así como las solicitudes de refugio por parte de los migrantes que llegan a Darién.
Esta presentación forma parte del primer informe de la República de Panamá sobre desapariciones forzadas ante el Comité por parte de la delegación panameña encabezada por la viceministra encargada de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Luisa Castro; la viceministra de Gobierno, Juana López, y el viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pitti.
La Directora de la DGSP detalló que como consecuencia de las restricciones de movilidad decretadas por el Estado a fin de mitigar la propagación del virus en la población general y penitenciaria, se estableció en junio de 2020 en todos los centros penitenciarios un sistema de comunicación virtual, empleando la plataforma Teams de Microsoft, garantizando la continuidad de la comunicación entre los privados de libertad y sus defensores.
Explicó a los relatores que entre junio y diciembre de 2020 se realizaron 994 videollamadas entre defensores y privados de libertad. Mientras tanto, las visitas presenciales se habilitaron nuevamente en septiembre de 2020 y al finalizar el año se registraron 817. En lo que va del 2021 se han realizado mil 413 virtuales y mil 53 presenciales.
Entre otras cosas, Novoa enfatizó que “El Estado garantiza a todos los organismos internacionales, al Mecanismo de Prevención de la Tortura, Derechos Humanos de la Asamblea Nacional y otros que realicen visitas de trabajo e inspección a los centros penitenciarios, sin ninguna restricción”.
Por su parte, Hussein Pitty, director de Onpar destacó que desde inicio del año 2020, previo a la declaratoria del Estado de emergencia en la República de Panamá, la Onpar fortaleció la presencia institucional para identificar, referir y atender a personas en la provincia de Darién, área fronteriza entre Panamá y Colombia. “Con el aumento de esta presencia en esta zona estratégica, se garantiza la atención de manera inmediata y oportuna, a las personas residentes y aquellas que se encuentran dentro de los movimientos mixtos en las estaciones de recepción migratorias que manifiesten su deseo de solicitar la protección de Estado panameño.
El funcionario precisó que en aras de garantizar la atención legal a refugiados reconocidos y solicitantes de refugio de manera gratuita se ha fortalecido la relación con organizaciones no gubernamentales como el Consejo Noruego para Refugiados, el Centro de Asistencia Legal Popular para que esta población tenga este derecho garantizado.
“Es oportuno señalar que el Estado panameño aún en medio de la declaratoria del estado de emergencia en el contexto de la covid-19, es uno de los pocos países de la región que ha mantenido la atención a la población de interés de manera ininterrumpida, adaptando la atención a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias”, concluyó