Luego de cerrar el primer trimestre de 2021 exigiendo y reclamando del Estado el respeto a los derechos fundamentales para una convivencia en sociedad; el derecho a la movilización, el derecho a abrir las empresas considerando y cumpliendo las medidas de bioseguridad que permitan crear las condiciones para la recuperación de empleos, de avanzar hacia un retorno seguro y gradual de las aulas de clases; entre otros, inicia el segundo tercio del año, recayendo en nuevas imposiciones del Ministerio de Salud (MINSA), que no toman en cuenta las innumerables consecuencias para la crisis que vive el país.
Entendiendo que la función del MINSA es regir sobre la salud y el bienestar de la población panameña, así como la situación sanitaria del país basados en sustentos científicos, decisiones como las tomadas con respecto al regreso gradual a las aulas de clases, al igual que los controles excesivos impuestos al ingreso y manejo de viajeros provenientes de Suramérica al territorio nacional, debieron ser sujeto de obligatoria revisión integral tanto de la situación como su manejo y la consecuencia de acciones, con la concurrencia de los ministros y autoridades de las carteras involucradas, especialistas en materia del desarrollo integral de los menores y representantes de los sectores impactados de la industria turística, por mencionar algunos.
El posponer el inicio del regreso gradual semipresencial voluntario a clases y los recuentos de lo que se vive en la principal terminal aérea del país; así como, el manejo de personas en diferentes alojamientos, apuntan a concluir que la postura del MINSA ha primado sobre los argumentos de las demás instancias, y frente a múltiples voces acreditadas que se han expresado en contra de ambas medidas seguimos esperando correctivos.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reitera que vivimos una crisis con impactos en el plano social, económico y sanitario; por lo que, no puede ser el MINSA la única voz que incida sobre el porvenir del país. La situación actual demuestra que insistir en sobreponer uno de estos tres aspectos ha llevado a enfrentar una crisis sin precedentes en la historia republicana panameña, sumado a un impacto negativo y contraproducente a la imagen de Panamá, cuando debemos estar construyendo confianza.
Frente a estas circunstancias, en un verdadero Estado de Derecho, los pesos y contrapesos entran en acción para velar por los derechos ciudadanos; no obstante, una vez más debemos subrayar el silencio desvergonzado de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la resolución de los amparos de garantías presentados contra medidas tomadas so pretexto del “estado de emergencia”; lo cual trae actuaciones discrecionales que terminan generando arbitrariedades
La base fundamental de la vida en democracia es el imperio de la justicia; por cuanto careciendo de ésta, los ciudadanos y la sociedad están desprotegidos de sus garantías fundamentales, situación que se ha evidenciado y empeorado durante la pandemia.
Luego de aciertos y desaciertos, los niños y jóvenes panameños necesitan regresar a condiciones que le permitan un desenvolvimiento integral en el aspecto educativo, mientras trabajamos de manera conjunta en la recuperación y reconstrucción del país, todo bajo medidas de bioseguridad apropiadas. Para esto la CCIAP demanda del Estado – a través de sus diferentes Órganos – respetar y garantizar los derechos fundamentales de todos.