Sede de la CCIAP ubicada en Ave. Perú. Foto Cortesía.
Hace cinco años los panameños celebramos con júbilo la inauguración del Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá, hito que marcaba el éxito de su operación bajo administración panameña como parte de una estrategia marítima orientada a mantener la ruta como uno de los puntos más importantes del comercio mundial en el siglo XXI.
Este hecho tan importante sin duda debía ser complementado con la implementación de iniciativas que propiciaran la generación de mayor valor agregado a nuestra oferta marítima mediante el fortalecimiento del sector logístico, el crecimiento de la actividad portuaria y el desarrollo de un sin número de actividades conexas que robustecerían el crecimiento integral de nuestra oferta marítima a la comunidad internacional y, por ende, generarían prosperidad y crecimiento para el país.
Tomando como referencia lo anterior, se esperaba que el Gobierno Nacional anunciara la renovación automática de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal con orgullo y transparencia, mediante conferencia de prensa que brindara el espacio para que los periodistas pudiesen canalizar las interrogantes de todos los panameños. Sin embargo, la decisión fue informar con un tímido comunicado de prensa, que ha dejado más preguntas que respuestas en torno a si nuestros representantes lograron el mejor acuerdo posible.
Reconocemos la importancia de la estabilidad jurídica y del hecho de que la renovación del contrato no se daba en abstracto, sino que, se trata de un contrato pactado a 50 años, con una revisión a la mitad del término, si se habían cumplido todas las condiciones originalmente pactadas, pero también es cierto que en ese objetivo de preservar los mejores intereses nacionales siempre ha habido espacio para renegociaciones propias de la experiencia acumulada desde la firma del contrato original y de los cambios de la industria en el tiempo. La población esperaba que esta vez no fuera la excepción a favor de Panamá.
Los servidores públicos que participaron en la evaluación de la renovación de uno de los contratos más importantes para el país, estaban llamados a ponderar las inversiones realizadas por el Estado panameño que han revalorizado la posición geográfica de Panamá y proyectar el potencial de ésta en los próximos 25 años, un aspecto del cual, según lo presentado en la resolución de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quedan dudas respecto a la evaluación realizada y la capacidad del país de recibir una justa contribución sobre la creación de valor a futuro, por lo que es imperante conocer el contenido del informe realizado por los consultores internacionales.
El Estado panameño, en adición a la inversión de la ampliación del Canal de Panamá y mejoras importantes a la ruta interoceánica, que cambió el transporte del comercio mundial, garantizando la sostenibilidad y confiabilidad de esta e impactando positivamente la operación de los puertos, ha realizado inversiones que han desarrollado un clúster multimodal logístico compuesto por componentes marítimos, aéreos, terrestres y ferroviarios, donde cada uno aporta valor trascendental, lo que han resultado de gran beneficio para el sector portuario. En adición, el movimiento de TEUs en 23 años se multiplicó 16 veces más, lo que demuestra un importante crecimiento en el sector portuario del país y la oportunidad de revisar y adecuar las tarifas de movimientos de contenedor en este ámbito, de manera tal que sean competitivos con sus pares del hemisferio y permitan capturar un justo beneficio de la cadena de valor.
La resolución de la Junta Directiva de la AMP indica que, “con el propósito de dejar claramente establecido cuál será el beneficio económico del Estado”, considera pertinente instruir al representante del Estado panameño ante la Junta Directiva de la empresa, a suscribir un Acuerdo de Accionistas que garantice un dividendo mínimo anual, al igual que debe velar e incluir los mejores intereses del Estado, el sector marítimo, logístico y de todos los panameños. En ese sentido, es necesario que dicho acuerdo se dé previo a la firma de extensión; a fin de garantizar que el Estado esta adecuadamente protegido; además, debe ser parte integral del acuerdo de extensión. Al tiempo que, obligue a la empresa a fortalecer el gobierno corporativo de su Junta Directiva y comisiones, en donde el representante del Estado panameño, debe tener una participación activa, con acceso a toda la información pertinente; participación en la toma de decisiones que impactan al accionista minoritario, cómo lo son decisiones de inversiones y contrataciones, entre otras; apoyar y no obstaculizar, el desarrollo del potencial portuario y logístico de Panamá; así como, desistir de las innumerables demandas interpuestas a su socio, el Estado panameño; por mencionar algunas consideraciones.
Panamá ha demostrado con creces su capacidad y competitividad como hub logístico; por lo que su futuro no puede tener otra dirección que la de continuar fortaleciendo esta industria que genera prosperidad a nuestro país. En consecuencia, quienes participan de este sector deben jugar su rol de socios estratégicos, no solo velando por el bienestar económico de sus empresas, sino por el adecuado desarrollo de este centro de operaciones como un vector de crecimiento nacional.
Los panameños lo hemos hecho bien en esta materia, esto exige que no dejemos pasar ninguna oportunidad por fortalecer nuestra Estrategia Logística Nacional de Panamá 2030.