Marcos Castillero, Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado. Foto Erick Santos.
Por: Julio Cesar Arroyo El Administrador del Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Armando fuentes, tras dos días de comparecer al pleno legislativo, debido a las quejas de miles de ciudadanos en cuanto al tema de la electricidad, destacó la importancia de modificar y revisar la Ley 6 de enero de 1997, que regula los servicios públicos que brindan algunas empresas al Estado panameño.
Señaló que no han aprobado aumento de tarifas eléctricas en los últimos meses.
En cuanto a la facturación de recibos de luz a los locales comerciales que han permanecido cerrados por la pandemia, manifestó que hay diversos tipos de clientes que han firmado contrato, ya sea por demanda o por necesidad, entonces se comprometen a pagar, pero que existe un problema contractual que los comerciantes tienen que revisar en sus contratos, sin embargo, se han dado las mediciones estimadas.
Exhortó a los afectados a acudir a la ASEP para realizar sus reclamos.
Fuentes manifestó que la función de la institución es fiscalizar, pero cuentan con poca capacidad de personal y reclaman ingenieros eléctricos en las oficinas regionales.
Indicó en cuanto al aspecto legal, que hay que fortalecer el poder de la ASEP y que es importante también intervenir en la administración de las empresas eléctricas y en la forma de cómo se está prestando el servicio de electricidad a los panameños.
Dijo que actualmente existen obras eléctricas que los usuarios pagan a través de sus facturas.
Funcionarios de la Asep en la AN. Foto Erick Santos
El administrador Fuentes indicó que la Ley de Moratoria se aplicará de manera automática a los clientes afectados, donde se han dado acuerdos energéticos solidarios por parte del Gobierno.
Según fuentes, la Ley de Moratoria ha beneficiado en el grupo Maury a 200 mil clientes, de Ensa a 160 mil y se ha dejado de percibir aproximadamente 150 millones de dólares.
Indicó Rodrigo Rodríguez, director de Electricidad de la ASEP, que las revisiones tarifarias se hacen cada 4 años.
Además, destacó que, en los retrasos en las obras de inversiones, la institución ha impuesto procesos sancionatorios, incluyendo la tercera línea de Panamá – Colón.
Destacó que es importante establecer mecanismos para que se regule el tema de los abusos en tarifas y que estas no sean de reutilidad para otras actividades por parte de las empresas, actividades que no estén contempladas en el contrato de distribución que se les entregó porque es prohibido.
Daniel Mina, de la ASEP, resaltó que las estimaciones son reguladas por zonas y destacó que de manera mensual la empresa tiene que aportar documentación sobre las lecturas no verificadas.
En cuanto al tema de las interrupciones, que son quejas permanentes, respondió Mina que se dan por falta de mantenimiento en algunas áreas urbanas de nuestro país, destacando que la ASEP hace los informes correspondientes.
Finalmente, sobre los cables soterrados subrayó que existe un plan de soterramiento en tres fases, en Obarrio, en Santiago y otra en David.